jueves, 27 de noviembre de 2014

TODOS LOS RECURSOS DEL SUPREMO CONTRA EL ÚLTIMO DECRETO DE RENOVABLES SE PARALIZAN UN MÍNIMO DE DOS MESES

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el conflicto positivo de competencia de la Generalitat de Cataluña contra esta norma.

Los 352 recursos que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite, y que ya se encuentran en fase de presentación de recursos y pruebas periciales, se han paralizado de forma instantánea al admitir a trámite el Tribunal Constitucional el conflicto positivo de competencia de la Generalitat de Cataluña contra esta norma.

Así se lo ha hecho saber el Supremo a todos los que habían presentado la solicitud del recurso hasta septiembre mediante un comunicado al que ha tenido acceso este diario . Justo en el momento en el que empezaban a entregar la documentación para defender sus posturas.

La paralización de los recursos se extenderá al menos dos meses, y según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional podría alargarse hasta cinco meses. Si supera ese espacio de tiempo, tendrá que declarar un auto.

Penalizaciones

Según fuentes jurídicas, este hecho conlleva una doble penalización para los pequeños inversores, sobre todo de la fotovoltaica, que presentaron los recursos. Por un lado, el retraso por culpa del litigio con Cataluña acarrea más gastos de los abogados que defienden los intereses de estos productores de renovables.

Los abogados que cobran por horas estarán frotándose las manos con esta situación. Cada día que se retrasa es más dinero que costará a las empresas que contrataron sus servicios. Pero también hay casos de letrados que solo trabajan a resultado o con una cuota fija anual.

Por otro lado, si se extendiera el proceso de Cataluña hasta los cinco meses permitidos, muchos de estos inversores verían como sus inversiones corren peligro. A día de hoy, los inversores están negociando con la banca la refinanciación de sus créditos. Este parón retrasará aún más los procesos de refinanciación y complicará la negociación porque la banca apretará aún más las condiciones a las empresas e inversores.

Esta formalización jurídica resulta cara para los intereses de algunos de los demandantes. Otro palo judicial para las renovables.


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